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Tasas de Interes

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UNIVESIDAD NACIONAL

 FEDERICO VILLARREAL

 

 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y LAS TASAS DE INTERES

 

CURSO    : DERECHO CONSTITUCIONAL ECONOMICO

 

CARLOS A. SANCARRANCO HIDALGO

ENRIQUE G. MONTEZUMA PAZOS

 

 

 

2008

INDICE

 

 

                                                                                                                      Pag.

Introducción……………………………………………………………………….3

 

Capitulo 1

Naturaleza Jurídica De La Tasa De Interés

Concepto de Intereses....………………………………………………………… .4

 

Características……………………………………………………………………..5

 

Clasificación de las tasas de interés

Interés compensatorio

Interés moratorio…………………………………………………………………..6

Tasa de interés convencional……………………………………………………....7

 

Capitulo II

Aplicación O Usura De Los Intereses……………………………………………..10

 

Capitulo III

Determinación De Intereses Desde El Punto De Vista Concursal………………...14

 

Capitulo IV

 

Una Visión De La Banca En La Economía………………………………………..17

 

Capitulo V

 

Derecho Comparado

Caso chileno………………………………………………………………………...20

Caso colombiano……………………………………………………………………22

 

Capitulo VI 

Análisis de caso judicial relevante…………………………………………………..26

Una visión critica……………………………………………………………………34

 

Capitulo VII

Conclusiones…………………………………………………………………………35

Recomendaciones…………………………………………………………………… 36

Anexo (Circular BCR) …………..…………………………………………………..37

Referencias Bibliográficas..………………………………………………………….40

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION

 

La realidad imperante en el mundo actual nos lleva hacia una liberalización del modelo económico que busca reducir la participación del Estado en la economía, supeditando que el mercado se rija por las reglas de la libre competencia aunque con la regulación del Estado.

 

En nuestro país desde hace unos 16 años se viene aplicando la liberalización del sistema económico y se ha venido implementado todo un cuerpo normativo que sustente dicho fin.

 

El tema de los intereses como capítulo integrante dentro de esta implementación normativa dentro del tema del pago es una innovación introducida en el Código Civil de 1984. El anterior Código Civil regulaba los intereses de manera inorgánica con algunos artículos dispersos. Asimismo, el Código vigente considera que el pago de intereses es de aplicación en todo tipo de obligaciones y no únicamente a las dinerarias, como lo hacía el Código Civil derogado. La deuda de intereses constituye objeto de un distinto y accesorio tipo de obligación pecuniaria que surge y se agrega a otra obligación principal; por tal motivo los intereses constituyen una obligación de dar suma de dinero que se ubica dentro de la Teoría Jurídica del Dinero; entonces encontramos la cuestión relativa al interés, como “renta del dinero”.

 

El tratamiento normativo de los intereses se encuentra regulado por el Articulo 58º de la Constitución Política del Perú en cuanto a que el estado la libertad de la iniciativa privada, para luego ser regulada también por el Artículo 1243º del Código Civil que establece que la  tasa máxima del interés convencional compensatorio o moratorio, es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú y por último como regulación extraordinaria y especial el Artículo 9º de la Ley del sistema Financiero, Bancario y de Seguros que determinan que para las empresas integrantes del sistema financiero existe libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas.

 

Esta trabajo tratara de explicar la diferencia entre el tratamiento de la tasa de interés para las personas que operan dentro y fuera del sistema financiero.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I

 

NATURALEZA JURIDICA DE LA TASA DE INTERES

 

CONCEPTO DE INTERESES

 

El insigne jurista OSPINA (1987)[1] conceptualiza el interés como “el dinero, aunque este representado por moneda fiduciaria, o sea respaldada en todo o en parte por la fe del Estado, es también en si mismo un bien patrimonial susceptible de constituir objeto de transacciones comerciales, ya a cambio de otros bienes, ya al facilitárselo alguien a otro para obtener como contraprestación de este el pago de un rédito o interés. Teniendo en cuenta la indicada naturaleza del dinero, su función en el intercambio comercial y la facilidad de su inversión, el legislador reconoce, en general, su rentabilidad o aptitud de producir intereses que así constituyen los frutos civiles del dinero”

 

Otros autores como PALACIO (1991)[2] consideran al concepto de interés, el mismo que viene a ser según el derecho positivo (específicamente el derecho civil) la contraprestación por el uso y disfrute del dinero. Esto quiere decir que constituyen “La renta del dinero; el fruto civil del bien dinero. En el código anterior  el mutuo era un contrato gratuito, pues no se debían intereses, sino sólo en el caso de estar pactados (Art. 1583º). En cambio hoy el mutuo es un contrato oneroso. Prescribe el artículo 1663º; “El mutuario debe abonar intereses al mutuante, salvo pacto distinto”.

 

En la vida cotidiana, cualquier persona común y corriente que por algún motivo necesita un monto dinerario como por ejemplo pagar una deuda, comprarse algo, emprender un negocio, etc.; va a recurrir al llamado préstamo de dinero, que no es sino la celebración de un contrato de mutuo, el mismo que se encuentra regulado en el Código Civil; sin embargo, cuando uno consigue un préstamo de dinero lo frecuente es que el prestamista le pida un interés por el dinero que presta por un tiempo determinado.

 

Si hablamos de intereses, estamos hablando de una obligación de dar suma de dinero, estos constituyen los frutos civiles que puede producir cualquier bien o prestación, sea o no una suma de dinero, por lo que se aplican a toda clase de deudas (art. 891 in fine del CC). La deuda de intereses presupone un capital o deuda principal sin los que no pueden existir intereses, los que constituyen una remuneración que debe ser fijada en una cuantía determinada desde el origen de la obligación y equivalente a una fracción del capital debido.

 

En este punto, FERNANDEZ (2007)[3] define el interés como “el provecho, utilidad, ganancia y lucro. Utilidad producida por la colocación de un capital.”

Asimismo, señala que “jurídicamente, son intereses las cantidades de dinero que deben ser pagadas por la utilización y el disfrute de un capital consistente también en dinero”

 

Características:

Este autor señala dos características importantes:

 

a)      La deuda de intereses es siempre una deuda pecuniaria, es decir, es una deuda que consiste en el pago de una suma de dinero.

b)      La obligación de pagar intereses es una obligación accesoria de la obligación principal de restitución o de entrega del capital disfrutado o utilizado.

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la deuda por interés, refiere que la deuda de intereses se integra dentro de una relación obligatoria, en la cual el deudor ha tenido a su disposición una suma de capital, de carácter pecuniario o equivalente, a cuya remuneración los intereses sirven de precio”

 

Podemos deducir en este estado, que los intereses tienen un carácter accesorio de la obligación principal de entrega de capital y que son considerados un fruto como producto del capital y se engloba dentro de la categoría de los frutos civiles.

 

“El interés como rendimiento significa, pues, ganancia o lucro. En países de economía inestable, este lucro solo se podrá lograr cuando las tasas de interés pactadas sean cifras superiores a las de la inflación. Así, esta tasa comprendería una suma cuantificable, que corresponderá a la ganancia y otra cantidad que corresponderá al costo por la perdida del valor adquisitivo de la moneda.

 

Pensar a priori que establecer intereses es algo justo fue quizás común; sin embargo, en la actualidad, esta concepción no tendría mayor fundamento.

 

La prohibición de los intereses a través de la historia ha sufrido un movimiento pendular que va desde su más severa prohibición hasta la más amplia permisión, debido a factores no solo jurídicos sino también políticos, religiosos, económicos y morales.

 

De esta forma, aun en la actualidad se puede apreciar que las valoraciones éticas- que todavía persisten – respecto de la injusticia de los intereses, chocan con los nuevos valores de la sociedad contemporánea, que destaca la búsqueda de la ganancia como un medio de progreso individual y social. Y en esta pugna no necesariamente se puede concluir que los criterios valorativos se hayan descartados; por el contrario, estos persisten, apuntando ya no ha cuestionar la existencia misma del interés, sino al modo en que se desenvuelve su existencia: ya no se impide su nacimiento sino que se regula su vida”.[4]

 

CLASIFICACION DE LAS TASAS DE INTERES

 

Para OSPINA (1987)[5] el Código Civil Colombiano clasifica el interés en tres clases: los convencionales, que son los que las partes señalan contractualmente, los corrientes, que son los que normalmente se cobran en cierto mercado y los legales, cuya tasa fijan expresamente la ley u otras normas jurídicas.

 

En el Perú, el Código Civil Peruano clasifica el interés de la siguiente forma:

 

Interés Compensatorio

 

Podemos decir “como lo menciona el artículo 1242 del Código Civil, el interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso de dinero o de cualquier otro bien; pues tiene como finalidad el mantener el equilibrio patrimonial, evitando que una de las partes obtenga un enriquecimiento al no pagar el importe del rendimiento de un bien. Así, se permite cobrarle a quien se beneficia del dinero o cualquier otro bien, una retribución adecuada por el uso que haga de él”.[6]

 

 

El término “compensatorio” se suele utilizar en materia de indemnización de daños y perjuicios, de tal modo que los daños y perjuicios compensatorios son los que van a sustituir a la prestación cubriendo tanto el daño emergente como el lucro cesante que se hubiera sufrido por la falta de cumplimiento. De allí que se haya criticado la expresión “intereses compensatorios” utilizada por el Código para indicar la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien”, siendo más idónea la expresión “intereses retributivos”.

 

Interés Moratorio

 

El mismo artículo 1242º del código Civil prescribe que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago; es decir que compensa la posibilidad de no retorno o demora del dinero.

 

Este tipo de interés representa una forma de sanción por el retraso, ya sea doloso o culposo, en el cumplimiento de la obligación que corresponda al deudor. El interés moratorio es independiente del compensatorio.

 

Entonces si nos remitimos a los intereses compensatorios observamos  que al haberse estos pactado y si se entregan oportunamente al acreedor, es siempre apto para producir frutos; y los intereses, como sabemos, son precisamente una de las figuras de los frutos civiles. De ahí la consecuencia de que el deudor debe en cada caso los intereses moratorios como resarcimiento del daño (frutos que faltan) sufrido por el acreedor, por el solo hecho del retardo del deudor en la entrega de la suma de dinero.

 

TASA DEL INTERES CONVENCIONAL

 

El Código Civil peruano ha optado por señalar que a tasa máxima del interés convencional compensatorio o moratorio es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, única entidad autorizada para establecer la tasa máxima de interés. El legislado trata de evitar la comisión del delito de usura.

 

El Código Penal Peruano en su Articulo 214 establece que: “El que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para si o para otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento o prorroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior al limite fijado por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con veinte a treinta días-multa.”

 

La finalidad es establecer una tasa máxima (BCR) en el cobro de los intereses convencionales que son pactados por las partes y en merito al acuerdo de voluntades, evitándose de esta manera los abusos que pudieran suscitarse e la fijación de la tasa de interés y por ende en la comisión del ilícito penal de usura.

 

La fijación de las tasas máximas de interés convencionales, compensatorias y moratorias por el BCR se aplica a todas las operaciones crediticias que realicen los particulares, es decir, todas aquellas personas que no estén comprendidas dentro del sistema financiero.

 

La nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú Decreto Ley Nº 26123 del 30 de diciembre de 1992 establece en el Artículo 51º que:

 

“Artículo 51.- El Banco establece de conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al Sistema Financiero.

Las mencionadas tasas, así como el Índice de Reajuste de Deuda y las tasas de interés para las obligaciones sujetas a este sistema, deben guardar relación con las tasas de interés prevalecientes en las entidades del Sistema Financiero”

 

Es pertinente precisar que las tasas máximas efectivas de interés convencional compensatorio y moratorio para las personas ajenas del sistema financiero y bancario son:

 

a)      Si es en Moneda Nacional, el TAMN (Tasa Activa en Moneda Nacional)

 

b)      Si es en moneda extranjera, el TAMEX (Tasa Activa en Moneda Extranjera)

 

Esta tasa varía de acuerdo con las circulares que emite el BCR y que son publicadas en el Diario Oficial El Peruano.

 

Expliquemos, que la Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)  o la Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) que publica la SBS no son mas que los promedios ponderados de las tasas que se manejan en el ámbito financiero, de acuerdo con esto ultimo, se desprende que estos agentes financieros si tendrán la potestad de establecer libremente sus tasas de interés en la medida en que será a partir de dicha libertad que las mismas podrán ir variando al interior del mercado sobre la base de la libre competencia y serán recogidas por el Banco central de Reserva así a los particulares.

 

Si existe libertad respecto de la fijación de las tasas de interés no cabria entonces de hablar de sobrepasar de los límites máximos, con lo cual el delito de usura no se configuraría para los agentes del sistema financiero.

 

Al respecto, REVILLA (1994) considera “ que es política del Banco Central propiciar que las tasas de intereses para las operaciones del sector financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas máximas que fije para ello.

 

El BCR refiere que la Tasa Efectiva Máxima de Interés Convencional Compensatorio por todo concepto es igual a la Tasa Máxima de Interés Convencional Compensatorio establecida para las operaciones activas del sistema financiero con usuarios finales, En relación al Interés Moratorio, este se puede cobrar solo cuando ha sido pactado por las partes y únicamente en relación al monto de la deuda que corresponde al capital impago cuyo plazo se encuentra vencido.

 

En cuanto a la forma y calculo del interés moratorio, este se computa y cobra a partir de la fecha en que el deudor incurre en mora, sin perjuicio del cobro del interés convencional compensatorio.

 

De otro lado, en cuanto a la segunda parte del articulo 51, es decir en el supuesto que la tasa máxima del interés convencional compensatorio o moratorio sobrepasara la tasa fijada por el BCR, se establece que cualquier exceso sobre la misma da lugar: a voluntad del deudor: a) a la devolución ; o b) a la imputación al capital.

 

Esto significa que si se cobrar un interés mas allá de los establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, no se ocasionaría la nulidad del contrato, sino cualquiera de los dos supuestos anteriormente mencionados.

 

Los intereses convencionales no se devengan si  no se pactan; pero si se pagan aún sin estar pactados no podrá reclamarse su devolución.

 

Para evitar la usura a la que se puede llegar como consecuencias de desproporcionadas tasa de interés, el legislador de 1984 estableció que la tasa máxima del interés convencional, ya sea compensatorio o moratorio, fuera fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

 

Al respecto FERRERO (2000)[7] precisa que “siempre se ha discutido si los intereses convencionales que son producto del acuerdo de voluntades, deben respetar plenamente la libertad individual de cada una de las partes o si la intervención del Estado para enmendar los excesos es conveniente para evitar la usura. El artículo 1243 del CC impuso la tesis de que el estado debía impedir los abusos que pudieran producirse en la fijación de las tasas de interés, por o que nuestros legisladores delegaron esa función al Banco Central de Reserva del Perú”.

 

Entonces podemos decir que hoy el artículo 1243º del Código Civil ya no tiene sentido, puesto que la tasa de interés compensatorio o moratorio la fija, en buena cuenta, el mercado. Lo que ha ocurrido en la práctica es que el BCR ha fijado una tasa lo suficientemente alta que permite el margen suficiente para pactarla casi sin limitación.

 

Para los efectos de explicar el interés en el marco del Derecho Constitucional económico, es preciso remitirnos al Artículo 58 de la Constitución Política del Perú de 1993 que establece que la incitativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado, por lo que la norma que preside los principios generales en materia económica en la Constitución establece “la iniciativa privada es libre” esto quiere decir que cada persona tiene el derecho a desarrollar actividades económicas que considere de su preferencia dentro de la sociedad, desde luego cumpliendo las normas.

 

Dentro de este libre mercado se desarrolla el sistema financiero, el mismo que ejerce dos tipos de operaciones: por un lado las operaciones activas y por otro lado las operaciones pasivas, y es en ambas en las que se encuentra establecida las llamadas tasas de interés.

 

Es así que el Artículo 87º de nuestra Carta Magna en su segundo párrafo establece “…la superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros…”, seguidamente dice  “… la ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendecia de Banca y seguros.”

 

Se evidencia que “la superintendencia de Banca y seguros es el órgano público y autónomo del estado, de rango constitucional que tiene como función supervisar a las empresas vinculadas al ámbito financiero y de seguros del país”.[8]

 

 

CAPITULO II

 

Aplicación o Usura de los intereses

 

Penosa cosa sería, por cierto, que el lector pierda su tiempo en una cuestión de poca monta si no fuese porque muchas veces de lo nimio se revela cuánta «sustancia» tiene en los hechos una doctrina. No nos ha parecido excesivo, por ello, desvelar la inoportuna y expósita críti­ca del Análisis Económico del Derecho sobre los límites y condicio­nes que prescribe el Código Civil al anatocismo, ya que nos interesa demostrar lo despistados que pueden estar algunos, en el mejor de los casos, o lo necesitados de llenar una página en el peor de los su­puestos.

 

Lo primero que habría que decir sobre el particular es la definición de «anatocismo», ese exótico nombre que da origen al subtítulo de este capítulo. Sumariamente, se entiende por anatocismo que los intereses generados por un capital generen a su vez intereses. Esta figura ha sido tradicionalmente repudiada por el Derecho Civil, en tanto se concibe a los intereses como los frutos civiles del capital, incapaces, como todo fruto, de generar por sí mismos otros frutos.

 

Por ello, para el Derecho Civil los intereses jamás pueden producir in­tereses. Y esto no está en discusión, en la medida en que nadie en el Derecho sostiene lo contrario, pues sería un absurdo manifiesto.

 

Sin embargo, en un mundo regido por las finanzas y donde el dinero es un bien escaso, se entiende que el precio de este ¾es decir los intereses¾ no puede permanecer constante en tanto que socialmente siempre serán más los que demanden dinero. Así, pues, el capital es cada vez más caro y esto también es una realidad que nadie discute. ¿Cómo conciliar entonces las finanzas con el Derecho o este con aquella? ¿Cómo hacer que los intereses generen realmente inte-reses sin que para el Derecho formalmente los generen?

 

Recursos nunca le faltarán al Derecho para adecuarse a la rea­lidad sin ceder a la sinrazón. Y es que si los frutos no pueden nunca generar otros frutos, sí pueden abonar la tierra que alimenta al árbol del capital. Y así este, alimentado por sus propios frutos, producir a su vez más y más frutos. Esto es lo que se conoce como «capita­lización de intereses» que, haciendo prosaica la metáfora, no es otra cosa que agregar los intereses generados por el capital al propio capi­tal, de tal modo que los nuevos intereses se generen del resultante de este agregado y que, por lo tanto, siempre sean mayores que los pre­cedentes. Así, pues, estamos ante un anatocismo edulcorado por el Derecho.

 

Este es el caso de los artículos 1249 y 1250 del Código Civil, que reconociendo jurídicamente la capitalización de intereses, esto es, vistiendo a la mona de seda, señalan no obstante ciertos límites y condiciones para su presentación en sociedad con el fin de que pase por respetable dama. Así, establece la primera norma mencionada, que salvo que se trate de operaciones con agentes del sistema financiero o mercantil, queda prohibido pactar la capitalización de intereses al momento mismo de contraerse la obligación. En buen romance, esto quiere decir que los bancos y las financieras tienen, según el artículo 1249, el monopolio del anatocismo ab origine obligatio. Queda para quienes no tienen, como prestamistas, la suerte de ser bancos o financieras la posibilidad de recurrir al anatocismo si y solo si luego de un año de contraída la obligación, los intereses no han sido satisfechos. Así lo establece el artículo 1250 discriminando al común de los mortales. Y esto porque no se entendería por qué Juan Pérez tiene que esperar un año de «perro muerto» sobre sus intereses y el Banco de Crédito no. Esto tendría, sin embargo, un intento de explicación cuyo eje es el marco del régimen de intereses que era el referente de nuestra realidad cuando el Código fue promulgado.

 

En efecto, en 1984 el régimen de las tasas de interés en el Perú y en buena parte de países era el de tasas nominales. Una tasa nominal de interés, pedestremente descrita, es aquella en que el interés no se agrega al capital para engrosarlo, e impide así que los intereses subsecuentes se incrementen efectivamente. Así, pues, tenía cierta lógica en 1984 que el Código Civil limitara y condicionara la capitalización de intereses, y la convirtiera en una figura excepcional, en tanto que lo contrario hubiera sido desnaturalizar el régimen de tasas nominales establecido por el Banco Central de Reserva. Incluso así, ello no explica la razón por la que la excepción tuviera que favorecer a los bancos o desfavorecer a quienes no lo son.

Sea como fuere, el asunto es que cualquier debate sobre estos dos artículos del Código Civil es, desde hace 13 años, completamente irrelevante. La razón estriba en que, en 1991, el Banco Central de Reserva cambió el régimen que regía las tasas de interés de nominales, en las que los intereses no se capitalizan nunca automáticamente, a efectivas, esto es, en las que los intereses se capitalizan siempre automáticamente. De este modo, al modificarse la fórmula de calcular los intereses, los artículos 1249 y 1250 del Código Civil quedaron, para todos los efectos, inaplicables.

 

No existe explicación, por lo tanto, para que estas normas puedan enardecer hoy a alguien y, más todavía, encender un debate sobre un tema cuyas cenizas están frías por más de una década. Y sin embargo, esto ha sucedido por obra y gracia del Análisis Económico del Derecho. En efecto, desconociendo por completo el cambio de régimen sobre tasas de interés operado en 1991, o simplemente poseso por un irrefrenable deseo de polemizar con los muertos, el «Análisis» se lanza tardíamente en el año 2001 sobre los artículos 1249 y 1250 abogando por su desaparición, debido a los perniciosos efectos que estos tendrían, según su punto de vista, para la economía de libre mercado y, sobre todo, por atentar contra la autonomía de la voluntad.

 

Así, se llega a decir que:

 

Prohibir la capitalización de los intereses al momento de contraerse la obligación resulta financieramente incoherente y jurídicamente cuestionable. […] Entendamos que tal como una corbata, una casa, un automóvil o cualquier otro bien tiene un precio, el mismo que nadie en el mercado pretende fijar; igualmente, tratándose de los intereses, no deben ser fijados por el Estado, sino que debe dejarse que dicho precio sea fijado por el mercado, según las condiciones que sean pactadas libremente entre las partes contratantes. Por el contrario, cuando se establece a través del Código Civil que no se puede acordar más allá de ciertas tasas o no se puede, si las partes están de acuerdo en pactarlo, capitalizar el interés (De acuerdo con lo señalado en el propio artículo 1249 del Código Civil, sólo los bancos pueden capitalizar intereses; sin embargo, no vemos una razón suficiente [ni nosotros, los autores de este ensayo, tampoco] que justifique dicha discriminación a favor de los bancos; creemos que debería dejarse que cualquier particular pueda también acordar de antemano la capitalización) devengando al momento de contraerse la obligación, se está regulando contra un acuerdo natural que pueden pactar acreedor y deudor en una simple transacción financiera, comercial o personal. En tal sentido, debería dejarse que en el Perú, las partes puedan acordar libremente si en determinados casos capitalizarán intereses o no y fijar las tasas que mejor les convengan.

 

Así, pues, como en la vieja canción, el «Análisis» se muere de sed teniendo tanta agua. Porque en nuestro país, 13 años ha que las partes, mejor dicho, todas las partes, pueden acordar sin restricción alguna la capitalización de intereses según las normas vigentes que sobre ese tema estableció en 1991 el Banco Central de Reserva, al que el Código Civil reconoce en sus artículos 1243 y 1244 como la autoridad suprema en materia de regulación de intereses. Así pues, en el Perú de hoy, no solo las entidades del sistema financiero sino cualquier persona puede, si así lo desea, contratar un crédito bajo esa modalidad. Es más, la capitalización de intereses es la moneda corriente de toda transacción crediticia, independientemente de la calidad civil de las partes involucradas.

 

En cuanto a la «libertad de las partes de fijar las tasas de interés que mejor les convengan», esto es, el precio que alguien está dispuesto a cobrar y otro a pagar por el capital, el «Análisis» no hace más que ahogarse en un vaso con agua pues, por si se le había pasado por alto, estamos en posición de informarle que en el sistema financiero, asimismo desde 1991, es la mano invisible del mercado la que regula según la oferta y la demanda el precio del dinero. Y esto significa que no hay límites para el sistema financiero en establecer los montos de las tasas de interés. No hay más tasas mínimas o máximas que las que fije el mercado.

 

De suyo va que, fuera del sistema financiero, la situación cambia para quienes quieren hacer negocios como banca informal o paralela sin estar sujetos a las garantías y escrutinios que gasta la ley ¾por medio de la Superintendencia de Banca y Seguros¾ para el sistema formal con el fin de lograr el bien público. Obviamente, una de las principales pretensiones del Banco Central de Reserva al establecer tasas máximas de interés para los operadores informales de dinero es combatir el delito de usura. Sobre esta y sobre quienes la practican o apañan ideológicamente nada tiene que decir el Código Civil y, por ende, tampoco nosotros, los civilistas. Son el Derecho Penal y su Código quienes tienen sobre los usureros la función de la palabra.

 

En lo que a nosotros respecta, como lo afirmamos al inicio de este capítulo, nada hubiéramos tenido que decir sobre un tema como el anatocismo, que hoy día no es materia discutible en el Código Civil, si no fuera porque el Análisis Económico del Derecho pretende que los artículos 1249 y 1250 cobren un alucinante interés sobre un capital hace años extinguido.

 

CAPITULO III

Determinación de intereses desde el punto de vista concursal:

Dentro del tema de la determinación del crédito a reconocer por la Comisión, trataremos el tema de la determinación de los intereses que pudieran surgir del monto principal. El artículo 4 del D.L. 26116 dispone que la Comisión debe reconocer la titularidad, legitimidad y cuantía de los créditos, conforme lo determina el Reglamento (D.S. 044 93 EF), el cual en su artículo 1 nos dice que por crédito se entiende todo acto jurídico que haya generado la obligación de pago de una cantidad determinada o determinable, a la fecha de presentación de la solicitud de declaratoria de insolvencia del deudor.

 

El artículo 7 del D.S. 044 93 EF, impone como obligación de los acreedores acreditar ante la Comisión la titularidad, el origen, la cuantía, incluyendo el capital e intereses y la preferencia de sus créditos.

 

Los artículos citados en el párrafo anterior, fundamentan que al determinar las acreencias se considere el monto por concepto de capital y adicionalmente los intereses, no menciona que deban incluirse otros tipos de desembolsos patrimoniales, por ejemplo gastos de cobranza, protestos, etc., de otra parte el artículo 8 del D.S. 044 93 EF señala que al momento de emitir la Resolución de Reconocimiento del Crédito se exprese el monto de los créditos por concepto de capital e intereses. Se concluye que la manera adecuada de determinar el crédito sea atendiendo a dos consideraciones: el monto originario o capital y los intereses devengados.

 

¿Toda obligación genera intereses?, la pregunta que puede parecer inocente, encierra de por si todo un problema en cuanto a la consideración jurídica y la realidad comercial. En efecto, los comerciantes entienden que durante el período en que el deudor incumple la relación mercantil debe resarcirseles mediante un interés moratorio, pues, al no haber recibido el pago del deudor no han podido cumplir con sus obligaciones, de las que hubieran obtenido una ganancia, o en todo caso hubieran negociado con mejores oportunidades en el mercado.

 

En una relación jurídica obligacional las partes asumen diversas prestaciones a su cargo, en donde una de ellas se entenderá como principal. Dentro de las prestaciones secundarias encontramos a los intereses, como una suma pecuniaria que se calculará atendiendo a una tasa previamente establecida que se aplicará sobre el valor de la prestación principal. El ordenamiento jurídico, en la mayoría de las relaciones obligacionales, reconoce como elementos constitutivos solamente a la prestación principal, no así a los intereses, los cuales para existir quedarán sujetos a la libre voluntad de las partes celebrantes; por excepción se reconoce su existencia en las obligaciones de entregar sumas de dinero, independientemente de que las partes se hayan pronunciado expresamente al respecto.

 

Considerando su origen, esto es la fuente que los crea, los intereses pueden dividirse, en legales o convencionales, definitivamente siempre tendrán una base legal, pero el hecho de que se reconozca a un convenio la posibilidad de crearlos no hace más que aclarar que existen supuestos en los cuales, de no señalar las partes nada estos simplemente no existirán y la relación obligacional se entenderá exclusivamente por el monto establecido inicialmente.

 

Otra clasificación, distingue entre intereses compensatorios o moratorios basándose en la finalidad para la cual surgen.

 

Relacionando ambas clasificaciones puede entenderse que existan intereses legales compensatorios o moratorios y, a su vez, intereses convencionales compensatorios o moratorios

 

Teniendo claro que la determinación de la acreencia se limita al capital y en su caso a los intereses, queda en duda la tasa de interés que debe considerar la Comisión al momento de reconocer un crédito.

 

En materia de intereses la norma que los regula es el Código Civil. La regla en cuanto a la tasa la establece el artículo 1245, señala que cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal, sea que el interés se deba por pacto entre las partes negociantes o por mandato de la Ley.

 

El caso más frecuente de reconocimiento de créditos, es el de las obligaciones de dar sumas de dinero, estas devengarán el interés legal que fije el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el deudor pruebe haber sufrido daño alguno, (artículo 1325 del Código Civil). Ahora bien, ¿desde que momento incurre en mora?. El artículo 1333 del Código Civil considera dos tipos de mora, la mora por intimación y la mora automática. Está última se presenta cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente, o cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien, o practicarse el servicio, hubiese sido motivo determinante para contraerla. Para terminar de dar forma a nuestro análisis debemos mencionar que en el ámbito comercial no existen términos de gracia, por lo que los efectos de la morosidad comenzarán al día siguiente del señalado para el cumplimiento de la obligación (artículos 61 y 63 del Código de Comercio).

Si bien existe libertad para pactar intereses ésta no es absoluta, se establecen límites. El artículo 1243 señala que la tasa máxima aplicable a los intereses convencionales, sean éstos compensatorios o moratorios, es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor.

 

Una circunstancia especial es la del interés convencional moratorio, el artículo 1246 señala que en el caso del interés moratorio si no se ha señalado la tasa el deudor está obligado a pagar el interés compensatorio pactado o en su defecto el interés legal.

 

Es pertinente mencionar que nuestro Código Civil reconoce que pueden pactarse intereses en las obligaciones no pecuniarias, de acuerdo al valor que tengan los bienes materia de la obligación en la plaza donde deba pagarse al día siguiente del vencimiento o con el que determinen los peritos si el bien ha perecido al momento de hacerse la evaluación. (Artículo 1247)

 

Para el caso de los Títulos Valores, el interés es igual a la renta que devenguen, o a falta de ella, al interés legal. En este último caso, se determina el valor de los títulos de acuerdo con su cotización en la bolsa o, en su defecto, por el que tengan en la plaza al día siguiente de su vencimiento", (artículo 1248 del Código Civil).

 

El texto del título valor determina el alcance y modalidades de los derechos y obligaciones indicados en él o en hoja adherida a él en caso necesario (artículo 2 Ley 16587 Ley de Títulos Valores).

 

La Ley 16587 en su artículo 125 establece en el caso de la Letra de Cambio, que el tenedor puede reclamar además del importe de la letra, los intereses legales a partir de su vencimiento, y los gastos de protesto y demás pertinentes a la cobranza frustrada debidamente documentados; lo cual es aplicable al pagaré y vale a la orden por el artículo 133 del mismo cuerpo legal. Se nota que la consideración en cuanto a los intereses es recogida de forma expresa sólo para los intereses moratorios.

 

Con la modificatoria del D.L. 26131 del 30 de diciembre de 1992 la Letra de Cambio, el Pagaré, el Vale a la Orden pueden contener en su texto, entre otros los siguientes pactos: el de pago necesario en moneda extranjera (artículo 1237 del Código Civil), la tasa de interés compensatorio y moratorio, y las comisiones en los casos permitidos por Ley, con lo cual ya no se admiten cuestionamientos. Actualmente los intereses compensatorios son perfectamente pactables, estando su eficacia vigente a la consideración de los límites máximos sobre los que se pueden celebrar.

 

En el caso de los cheques mantiene plenamente vigencia el artículo 143 de la Ley 16587 que establece, "Toda estipulación de intereses inserta en el cheque se considera no puesta".

 

Sean nuestras últimas líneas para felicitar a la Revista Peruana de Derecho de la Empresa por dedicar este número a difundir la temática de la Reestructuración Empresarial, ya que significa un gran esfuerzo por penetrar en las novedades que sobre el tema presenta la actual legislación.

 

CAPITULO IV

 

Una visión de la banca en la economía

En los países desarrollados, los mercados financieros, como el de los bonos y el de las acciones, son mecanismos cruciales para promover una mayor eficiencia en la economía. Esta mayor eficiencia se logra con la canalización de fondos desde agentes que no tienen un uso más productivo para sus excedentes de fondos hacia agentes que sí lo tienen. De ahí que éstos últimos estén dispuestos a pagar intereses por el uso de estos fondos (emisión de bonos) o a compartir la propiedad y las utilidades futuras de sus propios negocios (emisión de acciones).

 

El buen funcionamiento de los mercados financieros es un factor clave para tener un alto crecimiento económico, pero un pobre desempeño de dichos mercados es una de las razones por las que muchos países aún permanecen sumamente pobres. En los países desarrollados las actividades de los mercados financieros tienen impactos directos sobre la riqueza de las personas, sobre el comportamiento de las empresas y de los consumidores y sobre el desempeño cíclico de toda la economía.

 

Instituciones financieras como bancos, compañías de seguros y administradoras de fondos, entre otras, son las que hacen que los mercados financieros realmente funcionen. Sin ellos, los mercados financieros no serían capaces de mover fondos desde la gente que ahorra sus excedentes hacia la gente que usa los fondos en oportunidades productivas de inversión.

Por tanto, un sistema financiero nacional desarrollado y eficiente constituye un importante dinamizador del desarrollo económico nacional. De hecho, desde el punto de vista social es fundamental que el sistema financiero, en su conjunto, no sólo sea eficiente sino que no sea frágil. Por ambas razones es necesario que el sistema sea fuertemente regulado por el Estado.

Sin embargo, en países menos desarrollados, los mercados financieros no llegan a cumplir su papel a plenitud, pues, son reducidas las empresas que pueden emitir papeles en el mercado y es reducido el número de personas que puede invertir en ellos. En estos países que cobra más importancia el papel de la banca, pues, reemplaza a los mercados en muchas de sus funciones y, así, se convierte en uno de los mayores asignadores de recursos en la economía.

De este modo, el grado de influencia de la banca se vuelve inversamente proporcional al grado de desarrollo de los países en los que se desenvuelven: a menor desarrollo, mayor influencia y viceversa. Este grado de influencia se ve mitigado si la banca no está excesivamente concentrada y si, además, demuestra que es capaz de discriminar consistentemente los buenos proyectos de los malos proyectos, independientemente de quién los promueva. Por eso resulta importante hacer un seguimiento del nivel de eficiencia con el cual la banca desempeña su papel en la economía.


Por ejemplo, en tiempos de inestabilidad financiera, las actuaciones de la banca suelen ser cruciales no sólo para determinar qué empresas sobrevivirán y cuáles no, sino también para determinar qué inversiones seguirán siendo realizadas y cuáles no. Sin embargo, cuando pasan los tiempos de inestabilidad financiera, las pautas de estrategia y política que toma la banca también determinan qué actividades económicas específicas serán financiadas (y cuáles no), qué sectores, qué zonas, qué ciudades y qué regiones del país serán atendidos (y cuáles no). De hecho, la banca determina en qué condiciones serán ofrecidos y otorgados tales financiamientos.




Este proceso tiene serias implicancias cuando la falta de competencia lleva a que las decisiones se concentren en pocas manos y prevalezcan sólo los intereses de lucro individuales. Y es que decisiones de maximización de ganancias (o de rentas) pueden ser eficientes desde el punto de vista individual, pero indeseables desde el punto de vista social, como ocurre con el caso de las ganancias cambiarias provenientes de sostener la dolarización financiera y con la cada vez menor transparencia en la información de cobro de servicios financieros debido a formalización de varias de prácticas abusivas.

 
Por tanto, la importancia de los mercados para la construcción de un sistema económico que no sólo fomente el crecimiento sino también el desarrollo está condicionada a la eficiencia en el desempeño conjunto del sistema financiero en general y de la banca en particular. Es decir, en economías en desarrollo como la peruana, la función de la banca no sólo es la de ajustar el comportamiento del ahorro y de la inversión y la de facilitar los pagos e intercambios del sistema económico, sino que influyen de modo importante en el desarrollo empresarial y su dinámica competitiva, así como en los patrones de crecimiento y comercio.

De ahí que resulte preocupante la cada vez mayor concentración en el sistema y por eso se hace necesaria la participación activa del regulador de la competencia y la defensa del consumidor. Esto es necesario para evitar abusos de la creciente posición de dominio en el mercado y para revertir la progresiva condescendencia con comportamientos que impiden un mayor nivel de competencia y, por tanto, de crecimiento y desarrollo económicos.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V

 

DERECHO COMPARADO

 

Caso chileno

En la regulación de la tasas de interés en el sistema normativo chileno hemos revisado la Constitución Política de la República de Chile, la Ley Organiza del Banco Central de Chile y la Ley General de Bancos Chilena. 

 

Al respecto, debemos señalar que la Constitución Política de la República de Chile promulgada el 8 de Agosto de 1980, no regula la estructura económica de dicho país, suponiendo que le permite establecer dicha norma a los órganos intervinientes en la vida económica como el Banco Central de Chile y la Superintendecia de Banca, además de otros órganos afines al sistema económico. Asimismo,  establece en su CAPITULO XII la regulación del Banco Central, señalando lo siguiente:

“Artículo 97.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinara una ley orgánica constitucional.

Artículo 98.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificara el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.”

Por otro lado, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, en su Parrafo cuarto, refiere:

 

“De La Regulación Del Sistema Financiero Y

Del Mercado De Capitales

Artículo 35. En materia de regulación del sistema financiero y del mercado de capitales, son atribuciones del Banco:

 

1. Dictar las normas y condiciones a que se sujetarán las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito en la captación de fondos del público, ya sea como depósito, mutuo, participación, cesión o transferencia de efectos de comercio o en cualquiera otra forma;

2. Autorizar a las empresas bancarias para pagar intereses en las cuentas corrientes bancarias, en las condiciones que señale el Consejo;

3. Autorizar a las empresas bancarias para otorgar créditos en relación con las cuentas corrientes bancarias y para consentir sobregiros en las mismas;

4. Fijar los intereses máximos que puedan pagar las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito sobre depósitos a la vista; 

5. Dictar las normas y limitaciones a que se sujetarán las empresas bancarias y sociedades financieras en materia de avales y fianzas, ambos en moneda extranjera;

6. Dictar las normas y limitaciones referentes a las relaciones que deben existir entre las operaciones activas y pasivas de las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito;

7. Dictar las normas a que deberán sujetarse las empresas cuyo giro consista en la emisión u operación de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar y que se encuentren bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

8. Autorizar la creación y reglamentar el funcionamiento de las cámaras compensadoras de cheques y de otros valores a que concurran empresas bancarias y sociedades financieras, y

9. Autorizar los sistemas de reajuste que utilicen en sus operaciones de crédito de dinero en moneda nacional las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito. La estipulación de un sistema de reajuste no autorizado se tendrá por no escrita. Las modificaciones a un sistema de reajuste autorizado por el Banco o la supresión del mismo, no afectarán a las operaciones de crédito de dinero en que sea parte una empresa bancaria, sociedad financiera o cooperativa de ahorro y crédito, las cuales continuarán rigiéndose por el sistema de reajuste estipulado, en las mismas condiciones que estaban vigentes con anterioridad a su modificación o supresión.

 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán, en este caso, convenir en la sustitución del sistema de reajuste que regía la operación por otro que se encuentre autorizado por el Banco.

 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de este número, el Banco deberá continuar calculando, determinando y publicando el índice respectivo conforme al mismo procedimiento vigente al tiempo de su modificación o supresión.

 

La obligación a que se refiere el inciso anterior deberá cumplirse por un plazo de 10 años contado desde la derogación o modificación. Transcurrido ese plazo, el Banco se limitará a proporcionar, a petición del interesado, el índice respectivo, salvo que estime, a su juicio exclusivo, que subsiste un número de operaciones que requiera continuar con la publicación del correspondiente índice.”

 

De acuerdo a la presunción establecida, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile le otorga la facultad de fijar las tasas de interés máxima para las empresas financieras del sistema chileno y en ese sentido somos de la opinión que al fijar tasas altas para las operaciones financieras, es permisible para que los operadores tengan libertad de fijar tasas menores dentro de la economía de mercado.

 

Por otro lado, la Ley General de Bancos Chilena no se pronuncia sobre la fijación de las tasas de interés en el sistema financiero, por lo que debemos entender que se integra a lo normado por el Banco Central.

 

En ese sentido, también somos de la opinión que el sistema chilena no contiene un desorden en la determinación de la aplicación de las tasas de interés por cuanto se faculta solamente al banco central chileno para dicho fin.

 

Caso colombiano

 

En la regulación de la tasas de interés en el sistema normativo chileno hemos revisado la Constitución Política de la República de Colombiana de 1991, la cual consideramos promotora de la iniciativa privada aunque con un intervencionismo marcado del estado en actividades  financieras.

 

La Constitución en su Titulo XII hace referencia al régimen económico de la siguiente forma:

“Titulo Xii

Del Régimen Económico Y De La Hacienda Publica

Capitulo 1

De Las Disposiciones Generales

 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el

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}
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}

Comentarios Tasas de Interes

es interesante profundizar los temas que ha tratado sobre la tasa de intereses moratorios compensatorios y convencional,  de esta manera podemos ilustrarnos, no solo con los números sino tambien con la doctrina, importante que lo siga haciendo, solo faltó el porcentaje anual sobre cada uno de ellos, haber si esto tambien lo puede publicar , solo me queda felicitar al autor.

fabian tairo a. fabian tairo a. 06/04/2012 a las 05:04

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